En saludo al 26 Aniversario de URACCAN y a los 33 años de la Autonomía Regional

Aunque en materia jurídica y ambiental los pueblos indígenas y afrodescendientes han logrado, mediante instrumentos legales nacionales e internacionales, el reconocimiento de sus derechos y sus modos de vida, aún existen grandes vacíos en cuanto a la aplicabilidad y práctica de los mismos. En este sentido, esta mañana se desarrolló un seminario web sobre los temas “Saberes ambientales” y “Pluralismo jurídico”, enmarcados en el paradigma investigativo CCRISAC (Cultuvo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos) que promueve URACCAN. La primera ponencia estuvo a cargo de la MSc. Sandra Rojas Hooker y la segunda fue realizada por el MSc. Yader Galo, ambos funcionarios del recinto Bilwi de esta comunidad educativa.

Este valioso espacio de debate fue organizada por la Coordinación de la Cátedra UNESCO: “Sabidurías y Conocimiento de los Pueblos”, y por la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Luego de los profundos análisis desarrollados por Rojas y Galo, la tríada de académicos compuesta por la MSc. Tania Rossmann, MSc. Ilenia García y MSc. Víctor Zúniga, expusieron sus puntos de vista, tan críticos como fascinantes.

Pluralismo jurídico y administración de justicia: el derecho en su dimensión práctica

La disertación de la maestra Rojas estuvo sustentada en la premisa de que Nicaragua ha sido signataria de diversos instrumentos jurídicos y que, a razón de ellos y de la existencia de la pluralidad étnica de la Costa Caribe, conviven en el país varios sistemas de derecho que reconocen a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por un lado está el aparato jurídico estatal, por el otro las leyes internacionales a las cuales se ha adscrito y, por uno más, el derecho consuetudinario.

En este punto, la maestra Rojas Hooker, quien además es directora del Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía (IEPA) de URACCAN, aclaró categóricamente que el Estado de Nicaragua no estableció el derecho indígena, sino que este ya existía y, sin embargo, pasa por encima de él y lo reconoce pero en condiciones desiguales, caso de marginalidad. Esto genera, por tanto, una contradicción estructural que pone en desventajas las prácticas ancestrales de justicia.

A pesar, especificó la directora del IEPA, de que el derecho estatal como el derecho consuetudinario tienen el mismo nivel de competencia, en el ejercicio los líderes comunitarios indígenas y afros son utilizados por el sistema como mediadores en conflictos menos leves, a fin de reducir la mora judicial y descongestionar los juzgados.

Esta interesante reflexión, fue acuerpada por la brillante intervención de la máster Rossmann, quien aseguró que la misma situación acontece en otros planos profesionales. Una constancia de un médico tradicional indígena (y con ello la cultura, las creencias y las prácticas ancestrales), ejemplificó Rossmann, no tiene validez dentro de nuestro sistema; jamás tendrá el mismo valor que la constancia emitida por un médico convencional. En el segundo caso, cualquier institución o empresa otorgaría subsidio reglamentario. En el primero, la persona podría ser tachada desde supersticiosa a más.

Saberes ambientales: de la crisis a la esperanza

El maestro Yáder Galo basó su exposición en tres puntos: crisis ambiental (global y regional), saber ambiental (nivel de consciencia) y diálogo de saberes (intercambio y convivencia: el valor interculturalidad).

Para iniciar, Galo analizó las estadísticas de contaminación y sus consecuencias en las grandes urbes, de donde derivan los gases del efecto invernadero. Su reflexión trata de que muchos parecemos estar “preocupados”, pero no parecemos estar “ocupados”, es decir, tenemos un conocimiento superficial del problema mas no concretamos acciones para evitar su avance y destrucción.

De lo anterior, deviene un conflicto jurídico de grandes dimensiones: ante la crisis ambiental global y regional, existen muchas leyes de protección a los ecosistemas. Sin embargo, los mismos Estados infringen esas leyes y hacen concesiones naturales para actividades extractivistas. Un caso que engloba ese problema, pero que también podría ser esperanzador, es el de la comunidad Mayangna de Awas Tingni, que llevó al Estado de Nicaragua hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues este había concedido los bosques de su territorio a la empresa Solcarsa S.A., para explotación maderera. Gracias a los instrumentos jurídicos internacionales, el Gobierno tuvo que resarcir los daños a la comunidad indígena.

No obstante, Galo asegura que pese a que esta comunidad ya ha demarcado sus territorios y posee su título de propiedad, conforme las etapas de saneamiento estipuladas en la Ley 445, aún enfrenta dos grandes problemas: ha sido reducido numéricamente y ha sido empujado más al fondo de los bosques por los colonos que se han apoderado de sus territorios y los han destinado a actividades que expanden cada vez más la frontera agrícola.  

Este webinar despertó gran interés, tanto que, en ambas temáticas, quedó mucho por analizar y debatir. Sus autores, quienes son candidatos del Doctorado en Estudios Interculturales de URACCAN, hicieron valiosas propuestas, las cuales no caben en una nota de prensa. Así que los invitamos a ver el webinar completo en la página de Facebook de esta institución comunitaria intercultural.